La Corte Suprema “blinda” la privacidad de los teléfonos celulares

En una decisión unánime que evidencia una firme defensa de la privacidad de los usuarios en la era digital, la Corte Suprema de EE.UU. emitió el miércoles un fallo que establece que la policí­a no puede revisar los teléfonos celulares de las personas que arresta sin tener una orden judicial.

El fallo responde a dos casos presentados en la Corte en abril pasado. Dos presuntos delincuentes en Massachusetts y California fueron condenados por separado, en parte, después de que sus números de teléfono, mensajes de texto, fotos y direcciones fueron obtenidas de dispositivos electrónicos personales vinculados a la actividad de drogas y pandillas.

Tales casos fueron objeto de apelación ante el tribunal superior, dándole la oportunidad de regresar al debate público al tema sobre los lí­mites de los derechos de privacidad, con un enfoque en el teléfono celular y su vasto archivo de información y video. Las apelaciones no estaban relacionadas con la vigilancia masiva reciente de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés), que ha suscitado preocupaciones constitucionales similares.

iStock_000032839212Medium» CONSEJOS de seguridad y privacidad en lí­nea »

En la decisión escrita por John Roberts, presidente del máximo tribunal de justicia, se explica que “los teléfonos modernos no son un aparato tecnológico más. Con toda la información que contienen, y toda la información que pueden revelar, contienen también la vida privada de muchos estadounidenses”.

La decisión determina con claridad que el hecho que en un celular se lleve un caudal inmenso de información privada no significa que esta información deje de estar protegida constitucionalmente.

En cuanto al argumento de la seguridad pública, el alto magistrado fue enfático al agregar que “la privacidad tiene un costo”. Esto significa que si la policí­a quiere acceder a un teléfono necesita una orden de cateo como si quisiera hacerlo en una propiedad.

Una excepción al requisito de la orden de allanamiento es en caso de que los policí­as teman razonablemente por su seguridad o por la vida de terceros.

La sentencia de la Corte Suprema llega un año después de las primeras revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo de la NSA. Sus informaciones sobre el sistema de almacenamiento de datos de llamadas telefónicas personales dispararon entonces la preocupación por la capacidad del Gobierno para vigilar a sus ciudadanos.

Según datos del Proyecto de Internet del Centro de Investigaciones Pew, a enero de 2014 el 90% de los estadounidenses tení­a un teléfono móvil y más de la mitad de estos son teléfonos inteligentes con conexión a internet.

Pese a la decisión unánime, el juez Samuel Alito, del ala conservadora de la Corte Suprema, redactó su propia opinión adjunta a la sentencia en la que alega que un asunto tan sensible como la protección de la privacidad deberí­a ser resuelto por el poder legislativo y no por los jueces. Los legisladores, asegura “están en un mejor lugar para estudiar y responder a los cambios que ya han ocurrido y aquellos que llegarán en un futuro”.

Foto: IGphotography/istockphoto

 

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