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La inseguridad alimentaria y los adultos mayores: cómo los estados pueden ayudar

In English | La inseguridad alimentaria es un problema de salud pública significativo para los adultos mayores. En el 2014, casi un 8% (unas 3.47 millones) de personas en Estados Unidos de 65 años o más presentaban inseguridad alimentaria, o sea, no seguían una dieta equilibrada o no se alimentaban lo suficiente porque hacerlo no estaba a su alcance. Según estimados actuales, la proporción de adultos mayores que presentan inseguridad alimentaria aumentará un 50% para el año 2025.

Fotos: 11 alimentos nutritivos y económicos

Muchos adultos mayores de bajos ingresos que sufren a causa de la inseguridad alimentaria frecuentemente se ven forzados a pagar por la calefacción y los servicios públicos o la atención médica, incluidos los costos de los medicamentos, con dinero presupuestado para la compra de alimentos. Además de tener que utilizar el dinero reservado para la compra de alimentos para pagar por otras necesidades, los adultos mayores que presentan inseguridad alimentaria tienen más probabilidades de tener una salud regular o mala, padecer de depresión o tener limitaciones en sus actividades cotidianas que aquellos que sí tienen seguridad alimentaria. También pueden carecer de transporte, tener limitaciones de movilidad o experimentar barreras económicas que les impiden obtener alimentos nutritivos.

El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa Suplementario de Asistencia Nutricional) —el mayor programa de asistencia nutricional respaldado por el Gobierno federal— les presta beneficios suplementarios a personas en hogares de bajos ingresos para la compra de alimentos. Aunque SNAP ayuda a reducir la inseguridad alimentaria, menos de la mitad (un 41%) de las personas mayores que cumplen los requisitos del programa están inscritos. Las razones por las bajas tasas de participación varían pero incluyen barreras sociales tales como el estigma asociado con la asistencia pública, además de barreras relacionadas con las políticas y la administración del programa, por ejemplo, su proceso complicado de solicitud y el requisito de realizar entrevistas en persona.

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Además de apoyar los esfuerzos de difusión para educar a los adultos mayores sobre el programa SNAP y reducir el estigma, los gobiernos estatales y locales pueden reducir las barreras relacionadas con las políticas anteriormente mencionadas de las siguientes maneras:

 

  • Compartir datos entre las agencias estatales de Medicaid y SNAP, que ayuda a los trabajadores sociales de SNAP a obtener y verificar fácilmente los datos médicos de los solicitantes, acelerando el procesamiento de las solicitudes.

 

  • Suspender el requisito de realizar entrevistas en persona, que pueden resultarles difíciles a las personas mayores confinadas en casa.

 

  • Acortar las solicitudes para el programa SNAP y simplificar el lenguaje utilizado, para así acelerar el proceso para los solicitantes y la agencia de SNAP.

 

  • Combinar las solicitudes presentadas por las personas mayores para recibir beneficios del Seguro Social con las de otros beneficios públicos, para que no se vean obligados a llenar otra solicitud por separado para determinar si cumplen los requisitos del programa SNAP.

 



 

Este mes de febrero, AARP destacará la iniciativa 29 Days of Action (29 días de acción): cosas sencillas que las personas y los consumidores pueden hacer para ayudar en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria.

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¿Deseas más información? Échale un vistazo a DataExplorer, un recurso nuevo de AARP para analizar datos, lee sobre el trabajo de AARP Foundation en la lucha contra la inseguridad alimentaria e infórmate sobre el testimonio reciente del presidente electo de AARP, Eric Schneidewind, ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Subcomisión de Nutrición, sobre el programa SNAP y su importancia para las personas mayores.



 

 

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Lynda Flowers es asesora principal de política estratégica del Instituto de Política Pública, de AARP y se especializa en temas de Medicaid, desigualdades en el cuidado de la salud y salud pública.

 

 

 

 


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Olivia Dean es analista de política del Instituto de Política Pública, de AARP. Su trabajo se centra en la salud pública, salud mental, desigualdades en el cuidado de la salud y el comportamiento saludable.


 

 

 

 

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