In English | En el 2017, Gloria Single, una mujer de 82 años con demencia, fue enviada a un hospital por su hogar de ancianos en Sacramento después de que ella se alterara y supuestamente arrojara utensilios a otros residentes en el comedor. Unas horas más tarde, el hospital la examinó y le dio el alta, pero el hogar de ancianos, Pioneer House, no permitió que regresara —una táctica utilizada para el desalojo forzoso de residentes—.
El hijo de Single, Aubrey Jones, cuestionó el alta ante el Departamento de Servicios de Atención Médica de California y ganó, lo que dio lugar a una orden que exigió que el hogar de ancianos volviera a admitir a su madre. Sin embargo, Pioneer House y su entidad matriz, Retirement Housing Foundation, no la volvieron a admitir.
Single languideció en el hospital durante más de cuatro meses, Jones le dijo a AARP en el 2021. Perdió su capacidad de caminar, sus habilidades verbales y cognitivas decayeron y dejó de preguntar por su esposo, Bill, quien permaneció en Pioneer House. La pareja nunca se volvió a ver. Single nunca regresó a Pioneer House y murió en el 2019.
AARP Foundation, que ayuda a defender a personas vulnerables mayores de 50 años a través de la defensa jurídica, entabló una demanda contra el hogar de ancianos en nombre de Single en el 2017. En el 2021, un tribunal de California estuvo de acuerdo en que sus derechos se habían violado. Los hogares de ancianos están obligados a reservar la cama de un residente si es trasladado a un hospital y solo pueden dar de alta a los residentes contra su voluntad en circunstancias limitadas, después de dar un aviso de 30 días y darle la oportunidad al residente de tener una audiencia.
La semana pasada, el mismo tribunal emitió una orden final de amplio alcance para el caso, en la que declaró que cualquier centro que se niegue a volver a aceptar a un residente que ha sido dado de alta del hospital “constituye una transferencia involuntaria conforme a la ley estatal y federal”.
La abogada Kelly Bagby, vicepresidenta de AARP Foundation Litigation, dijo que la orden tiene un alcance mucho más amplio que la decisión del 2021, porque va más allá de las partes de la demanda. “Envía un fuerte y persuasivo mensaje a los hogares de ancianos de todo California y el país de que el desalojo forzoso es ilegal”, afirma.
Si bien la orden surgió de un litigio en California, Bagby espera que cree un efecto dominó que proteja a los residentes de hogares de ancianos en otros estados, ya que hace referencia a la ley federal. Para difundir la información, AARP Foundation distribuyó la orden a los programas estatales de defensoría de cuidados a largo plazo, que investigan las quejas de desalojo de residentes. Durante la última década, las quejas relacionadas con el desalojo ilegal han sido algunas de las que con más frecuencia se presentan ante estos programas.
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