In English | Otros cuatro estados han promulgado leyes respaldadas por AARP que protegen a los consumidores de los acuerdos inmobiliarios predatorios, en los que los agentes intercambian un pequeño pago inicial en efectivo por el derecho futuro a vender la casa de una persona.
Arizona, Kentucky, Virginia Occidental y Oregón son los últimos estados en prohibir estos acuerdos. También conocidos como acuerdos de beneficios para propietarios de viviendas, estos contratos se han comercializado para propietarios —sobre todo mayores— con problemas de liquidez y pueden ser vinculantes hasta por 40 años. Han sido impugnados por fiscales generales de nueve estados.
Los propietarios de viviendas que firman estos acuerdos se han quejado de que no sabían que los contratos se incluirían en sus registros de la propiedad y podrían complicar futuras transacciones inmobiliarias. Los contratos también se transfieren a los familiares que heredan la propiedad tras el fallecimiento del propietario.
Si el propietario o sus herederos venden posteriormente la propiedad utilizando otro agente, podrían verse obligados a pagar multas de hasta el 3% del precio de la vivienda.
"Es vergonzoso que una empresa se aproveche de propietarios desprevenidos con una obligación de pago de 40 años", dijo Dana Marie Kennedy, directora estatal de AARP Arizona. "Aplaudimos a la legislatura de Arizona y a la gobernadora [Katie] Hobbs por tomar medidas para proteger a los adultos mayores vulnerables de prácticas engañosas y abusivas".
Un total de 22 estados han aprobado ya leyes que prohíben los acuerdos de beneficios para propietarios. Indiana y Virginia Occidental aprobaron leyes similares a principios de este año. Utah, Maryland, Dakota del Norte, Idaho, Georgia, Tennessee, Colorado, Alabama, Florida, Iowa, Maine, Nevada, Ohio, el estado de Washington, Carolina del Norte y California aprobaron leyes en el 2023.
Las leyes se ajustan a un modelo de ley elaborado por AARP con la American Land Title Association, según Samar Jha, director de asuntos gubernamentales de AARP.
Aunque los detalles varían según el estado, las leyes suelen limitar la duración de estos acuerdos e impiden que se incluyan en los registros de la propiedad o que se ejecuten mediante derechos de retención. Algunas de las leyes permiten eliminar acuerdos anteriores de los registros de la propiedad y permiten a los propietarios afectados reclamar daños y perjuicios.
"Esperamos trabajar en soluciones legislativas similares en otros estados para proteger a los propietarios de viviendas contra las prácticas inmobiliarias predatorias", dijo Jha.
Para escuchar de un propietario que dice que fue engañado para firmar uno de estos acuerdos, escucha nuestro pódcast, The Perfect Scam (en ingés).
Natalie Missakian cubre temas relacionados con la política federal y estatal y escribe el blog de AARP Fighting for You Every Day. Anteriormente trabajó como periodista para el New Haven Register y para periódicos de publicación diaria en Ohio. También ha escrito para AARP Bulletin, el Hartford Business Journal y otras publicaciones.
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