In English | En menos de dos años, más de la mitad de los estados del país han aprobado leyes, respaldadas por AARP, que protegen a los consumidores de los acuerdos inmobiliarios injustos, en los que los agentes ofrecen un pequeño pago inicial en efectivo por el derecho futuro a vender la casa de una persona.
También conocidos como contratos de beneficios para propietarios de viviendas ('homeowner benefit agreements'), la comercialización de estos contratos se ha centrado en propietarios con problemas de liquidez —sobre todo los adultos mayores— y pueden ser vinculantes hasta por 40 años. Esto significa que si el propietario o sus herederos venden posteriormente la propiedad a través de otro agente, podrían verse obligados a pagar una penalización mucho mayor que el pago original en efectivo, a menudo de hasta el 3% del precio de la vivienda.
Estos acuerdos están siendo impugnados por fiscales generales de 11 estados.
Este mes, Connecticut y Carolina del Norte se convirtieron en los estados más recientes en aprobar legislación que prohíbe estos acuerdos inmobiliarios, tras Hawái y Oklahoma, que aprobaron leyes similares a finales del mes pasado. Los proyectos de ley de Connecticut y Carolina del Norte están ahora en manos del gobernador Ned Lamont, quien se espera que lo firme.
Los propietarios de viviendas que firman estos acuerdos se han quejado de que no sabían que los contratos se inscribirían en sus registros de la propiedad y podrían complicar futuras transacciones y ventas de propiedades. Los contratos también se transfieren a los familiares que heredan la propiedad tras el fallecimiento del propietario, lo que significa que, en virtud de este tipo de acuerdo, esos familiares también se verían obligados a utilizar un agente de ventas específico para una venta o se enfrentarían a sanciones económicas.
En Connecticut, cerca de 400 de estos acuerdos han sido inscritos en los registros de la propiedad, según declaró el fiscal general del estado William Tong, en un testimonio escrito a favor del proyecto de ley en el Estado de la Constitución. A menudo, dijo, los propietarios no tenían tiempo para revisar el papeleo o no entendían las condiciones antes de firmar. Muchos propietarios solo se enteraron de las condiciones de su acuerdo cuando se disponían a cerrar la venta o refinanciamiento de su vivienda, "lo que les obligó a pagar cantidades exorbitantes para eliminarlo".
Una victoria para los propietarios
Un total de 27 estados han aprobado ya leyes que prohíben los acuerdos de beneficios a propietarios, entre ellos Indiana, Virginia Occidental, Arizona, Kentucky, Oregón y Nebraska. Utah, Maryland, Dakota del Norte, Idaho, Georgia, Tennessee, Colorado, Alabama, Florida, Iowa, Maine, Nevada, Ohio, el estado de Washington, Carolina del Norte y California aprobaron leyes similares en el 2023.
Aunque los detalles varían según el estado, las leyes suelen limitar la duración de estos acuerdos e impiden que se inscriban en los registros de la propiedad o que se ejecuten mediante embargos. Algunas de las leyes permiten eliminar los acuerdos anteriores de los registros de la propiedad y permiten a los propietarios afectados reclamar daños y perjuicios.
AARP colaboró con la Asociación Americana de Títulos de Propiedad (ALTA) para crear una legislación modelo que pudieran seguir los estados, con el objetivo de aprobar una ley en los 50 estados.
"Cada vez que una legislatura estatal deja claro que este tipo de acuerdos injustos no son bienvenidos en sus estados, es absolutamente una victoria para la protección de los consumidores y es una victoria para los derechos de propiedad de las personas", dijo Elizabeth Blosser, vicepresidente para asuntos gubernamentales de ALTA en una entrevista con AARP.
Dijo que los miembros de la organización, que facilitan los cierres inmobiliarios en todo el país, se han encontrado con innumerables consumidores que han sufrido pérdidas financieras a causa de estos acuerdos, ya sea una penalización por utilizar un agente inmobiliario diferente o los honorarios legales para lograr eliminar el acuerdo de su escritura.
"No debería haber restricciones irrazonables en la capacidad de alguien para transferir o financiar su propiedad", dijo Blosser.
Samar Jha, director de Asuntos Gubernamentales de AARP a cargo de temas de vivienda, señaló que en todo el país estas leyes se han aprobado con un abrumador apoyo bipartidista y una oposición mínima.
"Está claro que es un tema que preocupa a todos los propietarios", dijo.
Proteger los activos financieros
AARP lleva mucho tiempo trabajando para garantizar que las personas mayores tengan la estabilidad financiera necesaria para envejecer en sus propios hogares y comunidades.
Para muchas personas mayores, "su vivienda es su activo financiero más importante y la base de su estabilidad económica", afirma Joy McGill, directora de Activismo de AARP Oklahoma, donde el gobernador Kevin Stitt firmó la ley el 29 de abril.
Jha dijo que AARP espera que la ley sea aprobada en otros estados antes de finales de año. Incluso si las empresas que venden estos acuerdos no operan ahora en un estado concreto, añadió Jha, "eso no significa que no pueda ocurrir. Sigue siendo una práctica que debe prohibirse".
Para escuchar a un propietario que explica cómo lo engañaron para que firmara uno de estos acuerdos, escucha nuestro pódcast, The Perfect Scam.
Natalie Missakian cubre temas relacionados con la política federal y estatal y escribe el blog de AARP Fighting for You Every Day. Anteriormente trabajó como periodista para el New Haven Register y para periódicos de publicación diaria en Ohio. También ha escrito para AARP Bulletin, el Hartford Business Journal y otras publicaciones.
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